La fiscalía boliviana anunció el pasado 4 de mayo que iniciará interrogatorios a empresarios presuntamente involucrados con la “célula terrorista” desmantelada en el Departamento de Santa Cruz a finales de abril.
A raíz del ajusticiamiento de tres jóvenes extranjeros, en circunstancias bastante irregulares, las autoridades bolivianas responsabilizan prácticamente a todos los grupos opositores cruceños en actividades terroristas contra el gobierno.
Para fundamentar sus acusaciones, el gobierno de Evo Morales se basa en declaraciones de “testigos claves”, algunos de ellos con prontuario policial, que aseguran haber visto a empresarios y opositores cruceños reunidos con uno de los tres jóvenes muertos, Eduardo Rózsa Flores, sindicado de dirigir la “célula terrorista”.
Sin embargo, para los que vivimos en Venezuela, todo parece un montaje muy similar —para no decir idéntico— al que realizó el gobierno de Chávez con motivo del asesinato de Danilo Anderson, ocurrido en el año 2004.
El fiscal Danilo Anderson estaba a cargo de las investigaciones del “golpe” del 11 de abril de 2002 (en realidad no fue un golpe, sino una masacre, orquestada por el gobierno venezolano, muy parecida a la de Pando).
Al parecer, Anderson utilizaba su cargo para enriquecerse personalmente, convirtiéndose así en una molestia tanto para el oficialismo, como para la oposición. El 18 de noviembre de 2004, el vehículo rústico de Anderson explotó con él adentro.
Semanas después, el entonces Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, produjo un “testigo clave”, el colombiano Giovanny Vásquez, quien se encargó de incriminar en el asesinato de Anderson a destacadas figuras venezolanas, entre ellas, el cardenal Rosalio Castillo Lara, el empresario Nelson Mezerhane y la periodista Patricia Poleo, quien todavía permanece hoy asilada en los Estados Unidos.
Giovanny Vásquez resultó ser un estafador profesional y un falsificador con amplio prontuario policial, que en el pasado ya había incurrido en el delito falso testimonio, pero aún así el oficialismo siguió considerando sus declaraciones como válidas. Paralelamente, surgieron otras versiones, según las cuales habían sido funcionarios del gobierno quienes habían ordenado el escandaloso asesinato de Anderson. (Ver denuncia sobre
Fiscal en Bolivia aquí)
El caso Danilo Anderson fue usado por Chávez para iniciar una feroz persecución contra los líderes de la oposición, alegando que todos eran terroristas. Los medios de comunicación de la izquierda internacional aprovecharon la oportunidad para lanzar una campaña de calumnias contra los factores democráticos en Venezuela, involucrando hasta la CIA en el atentando; tal como ahora hacen medios como Página 12 y la Agencia Bolivariana de Noticias con la presunta “célula terrorista” desmantelada en Santa Cruz. No sabemos quién es Rozsa, ni lo defendemos, pero evidentemente Evo Morales quiere utilizar este caso —válido o no— para criminalizar a la oposición boliviana, por varios motivos: primero, encubrir su responsabilidad en la masacre de Pando; segundo, barrer mediante el uso de la fuerza con toda forma de disidencia; y tercero, imponer un Estado policíaco en Bolivia, a fin de perpetuarse en el poder.
ULTIMA HORA: Marcelo Sosa, el fiscal que sigue el caso de la "célula terrorista" magnicida en Bolivia, acaba de anunciar que lo quieren matar a él tambien
Ver denuncia aquí
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Seguir el caso en la página web de Ernesto Justiniano
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