El 9 de mayo de 2004, en medio de un sonado escándalo, el gobierno venezolano capturó en las afueras de Caracas a un contingente de presuntos paramilitares colombianos, cuyo supuesto objetivo era atacar el mayor cuartel militar de Venezuela -Fuerte Tiuna-, secuestrar aviones cazas F16, bombardear el Palacio de
Miraflores y perpetrar un magnicidio contra Hugo Chávez.
Los presuntos paramilitares eran -según el gobierno- feroces y experimentados mercenarios, capaces de poner en jaque la seguridad nacional. La funcionarios del oficialismo insistían -sin dar prueba alguna- que los rambos colombianos habían sido contratados por la oposición para dar un golpe de Estado.
Pero a medida que fueron pasando los días, la versión oficialista fue perdiendo progresivamente toda credibilidad. Las imágenes de televisión mostraban a unos jóvenes imberbes, sin experiencia alguna, que ni siquiera sabían por qué estaban allí.
Las evidencias recolectadas en el “cuartel general” donde entrenaban los “expertos terroristas” mostraban que se alimentaban con una variante de croissant, denominados en Venezuela “cachitos”, por lo que fueron objeto de numerosas burlas y anécdotas. De allí en adelante, los venezolanos les dieron el jocoso nombre de “paracachitos”.
El gobierno necesitaba criminalizar la oposición, iniciar una persecución contra los líderes de la disidencia, y aplastar -mediante la represión y el miedo- las protestas contra el Régimen.
El pasado jueves 16 de abril, se vivió en Santa Cruz de la Sierra un episodio muy parecido.
Un cuerpo de policía élite, enviado desde La Paz, allanó un céntrico hotel cruceño y dio de baja a tres presuntos terroristas y detuvo a dos más, cuyo objetivo -según el presidente Evo Morales- era “la toma violenta del poder” o, en su defecto, “dividir el país”. Morales añadió que se trataba de mercenarios de ciudadanía croata, húngara e irlandesa, que planificaban matarlo.
El procedimiento utilizado para neutralizar a los presuntos terroristas deja mucho que desear: El operativo policial no contó con una orden judicial de allanamiento; no se le permitió al Ministerio Público y a la policía de Santa Cruz intervenir en el operativo; y deliberadamente fueron desconectados los sistemas de seguridad, video y vigilancia del hotel.
El incidente ocurrió a las cuatro de la mañana y, pocas horas después, un canal de televisión ya estaba divulgando un documental que “demostraba” los supuestos vínculos de los mercenarios con la oposición boliviana.
La presunta conspiración resulta muy conveniente en este momento para el gobierno de Evo Morales, porque permite, primero, criminalizar a la oposición; segundo, encubrir la masacre de Pando; y tercero, asegurar que las elecciones de diciembre se realicen conforme a la nueva Ley Electoral, la cual abre la puerta para el ventajismo y el fraude.
Ver caso en Venezuela, 2007
(Pulsar aquí para ver la recopilación del caso de los paracachitos de Hugo Chávez)
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